Manifiesto Mexicano - reseña crítica

Denise Dresser intenta en su libro contarnos dónde se encuentra México como país y delinear la ruta para recuperar el rumbo perdido. 

Denuncia las atrocidades sufridas en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Corrupción, violencia, desamparo del Estado. Una clase política que se limitaba a rotar en el poder, buscando su propio enriquecimiento con total impunidad.

La autora llama a esta época “los años del desencanto”. Caracterizados por una población frustrada y pasiva frente a las injusticias diarias. Conscientes de la corrupción en el gobierno, vinculado tantas veces con el narcotráfico y el crimen organizado, pero sin esperanzas de producir un cambio real en la sociedad.

Dresser plantea que el primer paso para construir un futuro es cambiar esa postura. El pueblo debe asumir un rol político protagonista. Y establece cuáles son las batallas que faltan por ganar, como la despenalización del aborto, los derechos de las minorías y recuperar la libertad de expresión. “Manifiesto Mexicano” es una lectura obligada para volvernos ciudadanos críticos y propositivos. Comencemos.

La corrupción es la regla

En México, los gobernantes siempre gozaron de impunidad gracias a la debilidad de las instituciones fiscales. Como la PGR (Procuraduría General de la República), donde el procurador es nombrado por el presidente y puede ser despedido por él. En este contexto, la compra de votos, el uso electoral de programas sociales y el desvío de recursos públicos se convirtieron en moneda corriente.

El problema es incluso más profundo. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la corrupción se tornó un problema institucional. Desde la campaña del mandatario atlacomulquense financiada ilegalmente hasta la cotidianeidad ilegítima: el empresario que evade impuestos o los vecinos que se cuelgan de la luz para no pagar el servicio, por ejemplo.

Estos argumentos permiten que Peña Nieto justifique sus actos ilícitos. Pero Dresser da la vuelta a la situación: la corrupción es aceptada socialmente por culpa de tantos años de inmoralidad política. No se trata de lo que permite la sociedad, sino de lo que las autoridades no castigan. Un Estado que viola leyes produce ciudadanos que las desobedecen, no al revés.

A diferencia de otras naciones, México no contó con una oposición fuerte en las últimas décadas. El PRI (Partido Revolucionario Institucional) alternó los mandatos del siglo XXI con el PAN (Partido Acción Nacional) hasta las elecciones de 2018. Junto con el PRD (Partido de la Revolución Democrática) y el Partido Verde, mantuvieron las mismas actitudes corruptas. Mientras que la izquierda se dividió y no supo ser un contrapeso eficaz.

Para combatir los innúmeros problemas de la sociedad mexicana, Peña Nieto promovió reformas laborales, educativas, fiscales, energéticas y referidas a las telecomunicaciones. Ninguna fue suficiente. En el libro se sugiere que el error puede haber sido aprobar todas las reformas al mismo tiempo, sin priorizar.

Tampoco la educación queda fuera de esta crisis estructural. Según un censo, casi 300.000 maestros cobran su sueldo y no se presentan en el salón de clases, ya se retiraron o incluso están muertos y alguien cobra por ellos. Además, las escuelas públicas cuentan con infraestructuras deplorables. ¿El resultado? Generaciones de niños que sólo reciben un promedio de 7.8 años de educación. Brechas de desarrollo, falta de oportunidades.

Como gran parte de América Latina, México padece una fuerte desigualdad social. Al momento de la publicación del libro, en junio de 2018, el 10% más rico concentraba el 64,4% de toda la riqueza del país.

Este enriquecimiento desmedido de una minoría se dio gracias a condiciones favorables que permiten actos corruptos, como el “rentismo”, que consiste en la cooperación entre empresas para cobrar sus servicios a precios excesivos.

Además, el Estado privatiza bienes públicos, regala concesiones y licencias sin imponer reglas que generen un beneficio real para la economía del país. Como los casos de Odebrecht y Pemex. Las industrias quedan vulnerables frente a los monopolios.

Pero estos negocios ilegítimos tampoco generan un beneficio a largo plazo para los magnates. Porque provocan desconfianza en el gobierno y en las instituciones públicas, facilitan las crisis monetarias, producen fuga de capitales y desalientan las inversiones extranjeras. Porque negociar con México implica lidiar con un sistema corrupto.

México cuenta con la mayoría de sus hogares -un 55%- dentro de la clase baja. Un 40% forma parte de la clase media, y apenas un 2,5% puede considerarse de clase alta. Estos números ubican a México entre los 25 países más desiguales del mundo. La buena noticia es que la clase media está en crecimiento.

Tanto la desigualdad como la concentración de la riqueza y la corrupción son problemas estructurales. Impiden el crecimiento económico, porque el Estado no tiene credibilidad ni mecanismos institucionales que promuevan la equidad o regulen a los que más tienen.

El problema para México nunca fue la falta de recursos, sino su distribución. Es fundamental la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción eficiente y autónomo, con poder para investigar y penalizar. Diseñar una legislación que obligue a la clase política a transparentar sus intereses económicos.

La propia sociedad ya dio un paso al frente en este sentido al impulsar la iniciativa ciudadana #3de3, que exige a los candidatos y funcionarios la presentación de sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Algo que en otros países ya es un requisito legal.

El país de las fosas

La inseguridad forma parte de la rutina de los mexicanos. El Estado olvida su rol protector sobre la ciudadanía, encubriendo a los políticos corruptos y a los miembros del narcotráfico y el crimen organizado. Y no sólo eso: también hace un uso desmedido de la fuerza sobre la población.

Demasiados episodios de violencia dejaron un saldo devastador de muertos, heridos, torturados y desaparecidos. Se han encontrado fosas clandestinas con miles de cadáveres sin identificar.

El Estado falló y continúa fallando en su rol de investigar, documentar, apoyar y reparar las heridas de su pueblo. Más del 40% de los mexicanos dice que ellos o algún familiar han sido víctimas de la violencia, ya sea por parte de narcotraficantes, el crimen organizado o el propio Estado.

Uno de los casos de mayor repercusión internacional fue el de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Los estudiantes de la normal de Ayotzinapa estaban constantemente en conflicto con el gobierno por exigir un mayor presupuesto, mejores infraestructuras y más oportunidades laborales. Para manifestarse, llegaron a secuestrar autobuses en varias ocasiones.

La noche del 26 de septiembre se dirigían a Iguala en cuatro autobuses secuestrados cuando la policía municipal, siguiendo órdenes de José Luis Abarca -presidente municipal de Iguala-, dispararon contra los vehículos que transportaban a los estudiantes. Esa noche desaparecieron 43 estudiantes.

Tiempo después, el gobierno comunicó su versión: los jóvenes fueron detenidos y entregados por la policía municipal de Iguala al grupo criminal Guerreros Unidos, que los incineró y dispensó sus cenizas en un río. Supuestamente por creerlos parte del grupo rival Los Rojos, que atentaban contra el gobierno de Abarca.

Sin embargo, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes investigó el caso y habló de un operativo coordinado, de un quinto autobús que desapareció y que podía contener droga, de la posibilidad de una red de narcotráfico en Guerrero que transportaba heroína en autobuses. Una versión mucho más probable. Años más tarde, el gobierno aún no detuvo a todos los responsables. El paradero de los 43 aún es una incógnita.

La guerra contra las drogas nunca tuvo una estrategia clara y fracasó. Provocó más de 200.000 muertes y no hizo más que aumentar el tráfico ilegal e incluso estigmatizar a las personas que usan drogas. Hoy, una ciudadanía agotada prefiere la paz corrupta de los narcos antes que la guerra sin tregua promovida por el gobierno.

Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? La despenalización de la marihuana es objeto de debate en varios países. Parece ser que México no es la excepción. Se necesita un debate serio e informado, con el objetivo de que haya menos delincuencia relacionada a las drogas y menos personas involucradas. Siempre será mejor aspirar a un nivel de regulación en lugar de no tener ninguno.

La falta de una policía competente y los procuradores politizados, “amigos” del poder afectan directamente esta crisis de violencia. A eso se suma la Ley de Seguridad Interior, que liberó al ejército para actuar como policías en las calles.

Lo peor es que esta militarización es aplaudida por un gran sector de la población. La ineptitud del gobierno ha llevado a pedidos de mano dura, a pensamientos como “era un delincuente y merecía morir”, violando el Estado de Derecho de los mexicanos, que establece su inocencia hasta probar lo contrario en un juicio justo.

México sufre una disfuncionalidad institucional general que alcanza a la policía, los procuradores, el SAT (Servicio de Administración Tributaria), el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), el INE (Instituto Nacional Electoral), el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. Todos causa y consecuencia del pacto de impunidad tácito acordado durante el gobierno peñanietista.

Batallas por ganar

Pensando en peleas que aún podemos dar, Dresser introduce el movimiento feminista que, entre otras cosas, busca justicia frente a innúmeros feminicidios y abusos hacia las mujeres, y lucha por la despenalización del aborto.

Un promedio de 82 violaciones por día en la Ciudad de México y 100 mujeres asesinadas por año. En el 32% de los casos el culpable es su propia pareja. Los políticos y la justicia han demostrado su ineptitud -una vez más- frente a estas atrocidades, violentando una vez más a las víctimas.

Hoy podemos considerar al feminicidio como un crimen de Estado, porque es el Estado quien no brinda las condiciones para que las mujeres vivan con seguridad. Acoso callejero, abuso sexual laboral, abusos intrafamiliares. No es suficiente que muchas mujeres no estén a salvo en sus propias casas, luego deben lidiar con una policía negligente y una justicia misógina.

Nuestra sociedad es profundamente machista. Existen patrones de conducta que afectan a todas las relaciones interpersonales. Una forma en la cual los hombres se relacionan con las mujeres. 87,7% de las mujeres en la Ciudad de México se sienten inseguras en el transporte público. 79,4% de 18 años o más se sienten inseguras en la calle. El problema es una realidad que afecta a todas.

Fuera de la Ciudad de México, las mujeres no pueden decidir sobre sus propios cuerpos. La ignorancia y otros motivos irrelevantes como las creencias religiosas hacen que aún hoy el aborto sea una práctica ilegal. Si eres pobre, tus alternativas se reducen a ser madre -y no poder planear tu proyecto de vida- o someterte a un aborto clandestino, poniendo en riesgo tu vida. Eso también es violencia por parte del Estado.

El aborto es una decisión personal. Ni la Iglesia, ni el Estado ni ningún hombre deberían tener voz ni voto en esa decisión.

Ser feminista significa luchar para que la mujer sea tratada como ser humano. Pelear por la equidad económica, política y social de los géneros. La mejor forma de conseguirlo es, como en la mayoría de los casos, a través de la educación.

Además, debemos manifestarnos para que todas las personas, sin importar cuál sea su orientación sexual o su identidad de género, puedan tener una vida plena, con los mismos derechos y oportunidades. Aún hoy existen estados en México donde el matrimonio igualitario no es legal. No existen cupos trans en los espacios laborales y el colectivo LGBTIQ sufre una discriminación sistemática. Hay mucho trabajo por hacer.

Por otro lado, la autora demuestra que también debemos luchar por recuperar la libertad de expresión. Decenas de periodistas fueron asesinados en México en los últimos años, por denunciar crímenes a través de su trabajo. En nuestro país, un periodista es agredido cada 26.5 horas. El 50% de esas agresiones son realizadas por servidores públicos. De nuevo, la impunidad normalizada.

La censura llega a ser realizada por los propios medios hacia sus propios empleados. Se quedan en silencio por miedo a un golpe político o a más agresiones físicas. Pero callar es lo último que los periodistas y el resto de la sociedad deben hacer. En cambio, debemos exigir investigaciones y medidas de prevención por parte del gobierno.

Sobre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador -aún candidato al momento de publicación del libro-, Denise Dresser mantiene una actitud crítica.

Admite que para un gran porcentaje de la población representa un auténtico cambio, pero también es consciente de su lejanía de las luchas sociales recientes, como la Ley 3de3, la despenalización del aborto y la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.

La autora deja claro que debemos ser exigentes con el actual mandatario, como debió haber sido con los gobiernos anteriores. Demandar políticas públicas específicas contra la corrupción, la violencia y la desigualdad. Sólo con cambios estructurales podremos recuperar el México que queremos. Un país del que podamos sentir orgullo.

Notas finales

El combate contra la corrupción sólo se dará cuando forme parte de una política de Estado y haya cambios en la contratación, licitación, vigilancia y administración de los recursos públicos.

Los gobiernos actuales y futuros deberán emprender una reforma profunda del sistema judicial, desarrollar redes entre ONGs para prevenir y actuar frente al crimen organizado etc.

En cuanto a nosotros, un punto de partida para cambiar nuestra sociedad es no caer en la polarización. Debemos creer que la democracia es posible, pero tenemos que rechazar la idea de que una única persona o partido va a salvarnos.

Un buen mandatario debe estar acompañado por instituciones que funcionen, leyes que se apliquen, ciudadanos que reconozcan sus derechos y luchen por ellos. Escapemos del “ellos contra nosotros”, de la lucha “Estado contra sociedad”. Busquemos coincidencias sobre las cuales construir un país mejor.

Todos debemos ser feministas. Mujeres y hombres. Tenemos que criar a nuestros hijos con amor para que se conviertan en personas respetuosas, empáticas, tolerantes, conscientes de la desigualdad social y de la falta de oportunidades. Para eso, nosotros debemos comenzar tomando esas actitudes.

Y siempre debemos tener memoria. Necesitamos seguir reclamando justicia: por acción u omisión, en Ayotzinapa, en Tlatlaya, en Apatzingán; fue el Estado.

Quedarse en silencio es permitir toda la corrupción, la impunidad, la violencia que criticamos. Nos corresponde a todos informarnos, desarrollar un pensamiento crítico, tomar una postura y luchar por nuestros derechos para que dejen de vulnerarlos. Así nace el progreso. Así nacerá un México mejor.

Tip de 12’

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